El juez admite a trámite la querella de tres concejales del PSOE contra el alcalde de Alcobendas

El juzgado nº2 de Alcobendas tramitará la querella criminal presentada por el PSOE contra Ignacio García de Vinuesa por lo que el grupo socialista considera “prevaricación y mala gestión de fondos públicos” en una operación de recompra de dos parcelas a la inmobiliaria Sotohenar. Una actuación que, según el Ayuntamiento de Alcobendas, se trataba de una disolución de los compromisos adquiridos por la constructora en función de su grave situación económica.

Los hechos se remontan a verano de 2009. En esa fecha el Ayuntamiento declara que “se vio obligado” a deshacer una actuación iniciada en la anterior legislatura con la promotora Sotohenar, por la cual se habían adjudicado en venta dos parcelas situadas en el Juncal. La promotora se habría comprometido a pagar por ellas 13 millones de euros y otro pago “en especie” que consistiría en la construcción de un edificio de oficinas para el Ayuntamiento en otra parcela. Desde el consistorio comunican que la propia empresa les declaró encontrarse en riesgo de suspensión de pagos y no podía afrontar el pago “en especie” (la construcción de oficinas) por su “delicada situación financiera”. Así, el gobierno local decidió deshacer la operación ante “el riesgo del incumplimiento de obligaciones y de que la entidad bancaria ejecutara la hipoteca de la parcela”. En una versión que también manifestó el concejal de economía Agustín Martín en una entrevista mantenida con enalcobendas.es el pasado mes de junio.

Sin embargo, el Partido Socialista de Alcobendas, a través de su portavoz Rafael Sánchez Acera, opina que esa operación “causó un grave perjuicio patrimonial de varios millones de euros al Ayuntamiento de Alcobendas y no contaba con el visto bueno de los informes preceptivos” porque supuso que el Ayuntamiento comprara las dos parcelas “por el mismo precio que en 2007 (24 millones de euros), superior al de mercado (12 millones de euros)”.

El portavoz del ejecutivo local, Ramón Cubián, le ha respondido asegurando que la operación se realizó de un modo “totalmente transparente” y que lo hecho no es “ilegal ni delictivo”. Para el portavoz popular, “deshacer esta operación sólo tenía el objetivo de preservar el patrimonio de la ciudad”. Desde el  Ayuntamiento afirman que se comprobó la precariedad del estado financiero de la empresa y se deshizo la operación con el apoyo de la entidad bancaria, de la Intervención general del Ayuntamiento y de los informes técnicos municipales.

Sánchez Acera, insiste, sin embargo, en su punto de vista y niega que se tuvieran en cuenta a los técnicos municipales: “Es muy importante que el juez haya llevado a cabo esta admisión, porque supone un paso más a la hora de valorar si esta actuación municipal fue realizada en perjuicio del interés de los vecinos de Alcobendas y el Alcalde García de Vinuesa pudo cometer un delito de prevaricación al aprobar la compra por un precio superior al de valor de tasación, en contra del criterio de la interventora municipal que condicionaba la compra precisamente a que se tasara la parcela de nuevo".

Ramón Cubián, por su parte, ha querido recordar que este procedimiento es fruto de otro que el propio García de Vinuesa interpuso contra el portavoz socialista por injurias y difamación, de quien dice “ha elegido la vía judicial para hacer oposición, sin el respaldo de su propio partido ya que la querella anunció que la presentaría el grupo socialista y la han tenido que presentar a título individual”. “Más de un año han tardado en llevar este tema al Juzgado lo que nos hace pensar que están más preocupados por la cercanía electoral que por los intereses de los ciudadanos”. El PSOE de Alcobendas, por su parte, ha mostrado “preocupación por las consecuencias que este mal negocio pueda tener para las arcas municipales, y por la gravedad legal que puede suponer para un alcalde beneficiar a una empresa privada a costa de los impuestos de los vecinos de Alcobendas”.

El Ayuntamiento ha querido añadir que en esa misma fecha Sotohenar  se vio “obligada a canjear” la propiedad de la sede de la Coca-Cola en España, que pasó a manos del Banco Popular mediante pago de 57 millones de euros, por su “delicada situación financiera”. Sotohenar mantiene en la ciudad el edificio Valgrande, situado en la calle Valgrande 8, destinado al alquiler y venta de oficinas de alto standing.

Luis Alberto Martín

Fotografía: Edificio Valgrande, propiedad del Grupo Sotohenar en Alcobendas

Enalcobendas.es en Facebook y Twitter