propietarios de viviendas construidas ilegalmente en Andalucía

Desgraciada Navidad para los propietarios de viviendas construidas ilegalmente en Andalucía, ya que el gobierno quiere anular la legislación de regularización

Muchos de los 327.000 propietarios afectados son expatriados británicos en Almería y otros lugares de Andalucía.
En septiembre, al final de una década de túnel para miles de expatriados británicos en Andalucía, el gobierno regional presentó una legislación que permitiría la legalización de la mayoría de las 327.000 viviendas que se construyeron sin autorización, dejando a sus propietarios, muchos de ellos nacionales del Reino Unido, en una situación de pesadilla y limbo de no poder vender y enfrentarse a potenciales órdenes de demolición, a lo que siguió un enorme suspiro colectivo de alivio cuando la legislación fue aprobada en el parlamento regional a finales de octubre.

La nueva legislación no equivale a una amnistía completa, pero no está lejos de serlo, según expertos en propiedad de la prensa nacional. Algunas propiedades no pueden ser legalizadas, incluyendo aquellas construidas sin permiso en áreas protegidas o a menos de 100 metros de la costa mediterránea y aquellas sobre las que ya se ha dictado sentencia definitiva, mientras que otras sólo pueden ser regularizadas si los propietarios asumen los costos considerables para evitar inundaciones en el terreno donde fueron construidas ilegalmente.

(Por esta razón, se dice que la ley contiene tanto medidas ambientales como las relacionadas con la vivienda).

Sin embargo, la euforia se ha amargado a medida que se acerca el final del año con la noticia de que el Gobierno nacional está cuestionando el Decreto de regularización de viviendas y existe la posibilidad de que lo impugnen ante el Tribunal Constitucional, el más alto tribunal de España, y no es de extrañar que este último acontecimiento se haya encontrado con la consternación, la sorpresa, la indignación y la frustración de los afectados.

Maura Hillen, presidenta de Abusos Urbanísticos Andalucía No (AUAN): “La Unión Europea ha anunciado posibles acciones contra España por su inadecuado tratamiento de las aguas residuales de las casas, y aquí en Andalucía hay cientos de miles de casas irregulares sin saneamiento adecuado. Por ejemplo, se sabe que en Chiclana miles de personas han estado en esta situación durante años, sin que el gobierno nacional haya tomado ninguna medida para resolver este problema. Es lo mismo en Carmona, y podría mencionar muchas más áreas en las que esto está ocurriendo. Por este motivo, la Junta de Andalucía desarrolló el Decreto 3/2019 que contiene medidas urgentes para la adaptación ambiental de las viviendas irregulares en Andalucía. Este decreto fue precedido por otras medidas promovidas por el PSOE (el partido que se encuentra temporalmente en el gobierno y que intenta formar una coalición para permanecer en el poder tras las elecciones de noviembre) con el apoyo de Izquierda Unida en algunos casos. Este decreto ha sido muy bien recibido por la sociedad andaluza y ahora vemos con horror cómo el gobierno nacional en funciones intenta derrocar esta medida tan deseada. No lo entendemos y esperamos que sea un malentendido”.

La Sra. Hillen añadió: “Lo que no es aceptable es que la gente siga bañándose en agua contaminada con materia fecal, como sucede en muchos lugares. No sólo se trata de una situación del tercer mundo, sino que se corre el riesgo de que algún día pueda haber una epidemia vergonzosa, y se plantearán preguntas sobre quién tiene la culpa”.

Por su parte, Gerardo Vázquez, asesor jurídico de la AUAN y portavoz de la Coordinadora Nacional por la Justicia en la Planificación, afirma que “sería terrible que el Gobierno español intentara impugnar el Decreto ante el Tribunal Constitucional, como parece ser el caso. No se trata sólo de una cuestión medioambiental; estamos hablando de los derechos más básicos de las personas, el derecho a un hogar, a una residencia y a una casa; y se trata de cuestiones reales, no de teorías de papel. No es sólo el medio ambiente; es la vida de las personas. Estoy harto y cansado de que la gente esté muriendo sin soluciones. No entiendo la actitud del gobierno. La semana pasada, otro de los afectados, alguien que yo conocía, murió sin poder obtener los papeles para su casa. Y he sido contactado por otra pobre señora cuya casa ha sido demolida, después de cortar la electricidad de su casa mientras estaba en diálisis en la casa, y a esta señora no le queda ningún lugar adecuado para vivir. Por favor, tenemos que ser sensatos y trabajar juntos para resolver estas cuestiones con urgencia”.

El Sr. Vázquez concluyó diciendo que “el decreto de regularización fue aprobado con los votos a favor de todos los partidos, incluido el PSOE, a excepción de Adelante Andalucía, que creo que se habría abstenido si el reglamento se hubiera aprobado de otra manera, y ahora el gobierno central en funciones impugna su decreto”. Creo que es un malentendido. Pedimos la ayuda de todos los partidos políticos para que el gobierno vea lo terrible que sería anular el Decreto de Regularización. Confío en que echarán una cuerda de salvamento a los afectados y que el gobierno lo reconsidere”.

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