habrá gobierno para el 5 de enero

No habrá gobierno antes de finales de 2019, pero «posiblemente» para el 5 de enero

El Parlamento español tenía todo preparado para una posible sesión de formación de gobierno el lunes (30 de diciembre), pero las últimas informaciones del servicio jurídico del Estado muestran que es poco probable que el líder socialista Pedro Sánchez sea investido como presidente en 2019.

A pesar de que los partidos de izquierda, incluidos los regionales, como Podemos, Más País, Compromís y Teruel Existe, entre otros, han prometido su apoyo a Sánchez, todavía necesita que los Republicanos de Izquierda de Cataluña (ERC) al menos se abstengan, aunque no voten a su favor.

A diferencia de otras naciones en las que gobierna automáticamente el partido que obtiene más escaños, en España, los votos internos de todos los demás partidos deben ser, en su mayoría, en apoyo del candidato presidencial en cuestión.

Con 350 escaños en el Parlamento, cualquier aspirante a la presidencia necesita al menos 176 votos por el «sí» en la primera vuelta, lo que significa que ganar unas elecciones no garantiza que él – hasta ahora, en la historia democrática de España, nunca un «ella» – se convierta en líder a menos que su partido obtenga la mayoría.

Si la primera vuelta fracasa, el candidato presidencial se presenta a una segunda vuelta y sólo necesita más respuestas de «sí» que de «no», lo que significa que los partidos que no apoyan verdaderamente al partido que se presenta a la presidencia pero que no quieren que se repitan las elecciones pueden dejar claro su punto de vista absteniéndose.

ERC necesita hacer esto, como mínimo, para que Sánchez gobierne, pero a menos que el actual presidente en funciones ceda a las demandas del partido relacionadas con la candidatura de independencia de Cataluña, pueden optar por no hacerlo.

Todos los partidos no catalanes han mantenido la prohibición de un referéndum legal sobre la secesión para la región del noreste, aunque con diferentes niveles de flexibilidad. Podemos, por ejemplo, quiere permitir que un sondeo no vinculante «saque las antenas» y luego discutir con la región por qué quiere separarse de España, en un intento de encontrar una manera de hacer que quiera quedarse.

Pero ERC también quiere que los políticos encarcelados por la celebración del controvertido referéndum del 1 de octubre de 2017 -condenados a entre nueve y trece años tras las rejas- sean liberados y absueltos.

La portavoz del gobierno y ministra de educación Isabel Celaá dice que su gabinete está trabajando ahora para una posible ceremonia de investidura el 5 de enero, pero «prefiere no dar una fecha fija» hasta que las negociaciones de ERC den algún tipo de fruto.

Parte del bloqueo se debe a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) ha reconocido la inmunidad diplomática del ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras -en prisión desde noviembre de 2017-, lo que significa que se le debería haber permitido ser liberado para jurar como eurodiputado y se le debería haber permitido llevar a cabo este papel, tal y como se votó.

El Tribunal Supremo de España y la fiscalía, junto con el servicio jurídico del Estado, tienen ahora que examinar la cuestión.

La Sra. Celaá sigue siendo optimista, sin embargo: «lo que no está roto sigue en marcha» es como se refirió a las conversaciones entre ERC y los socialistas.

Advierte, sin embargo, que ‘no hay un Plan B’, porque aunque los socialistas todavía están tratando de convencer a los partidos de derecha PP y Ciudadanos de que se abstengan, esto parece muy poco probable, y sólo ERC proporciona suficientes números para que Sánchez pueda pasar por ambas rondas de votos.

Mientras tanto, como el gobierno no está ‘oficialmente’ en el poder, habiendo sido un gabinete de cuidado desde que el Parlamento se disolvió antes de las elecciones de abril, muchas políticas cruciales no han sido posibles de poner en práctica.

Entre ellas se encuentran el aumento del salario mínimo a 1.000 euros mensuales durante 14 meses al año -o algo más de 1.200 euros mensuales como ingreso para quienes ganan 12 mensualidades al año- y un aumento de la pensión estatal que garantiza que siempre estará en línea con la inflación.

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